Derecho a la impunidad

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Sonometría realizada en Platja d’en Bossa

A los beach clubs les molesta mucho que intenten limitarles su descontrol, tanto que se atreven hasta a usar a los medios de comunicación (o al menos a algunos medios) para advertir al Ayuntamiento de Sant Josep de que no les gusta que les recorten la cantidad de ruido con la que desean destruir a diario la tranquilidad de la isla. Se atreven, los responsables de estos locales, a quejarse de que el Consistorio no ha dialogado con ellos para consensuar el nivel hasta el cual pueden seguir destruyendo nuestras playas, como si alguien nos hubiera preguntado a los ibicencos hasta dónde estábamos dispuestos a soportar. Cada vez menos, a Dios gracias. Sospecho yo, que soy muy malpensada, que estos propietarios de chiringos sobredimensionados esperaban que una negociación previa les permitiera cambiar voluntades políticas, que para eso sirven las reuniones de empresarios y políticos que tanto se dan en despachos institucionales de Eivissa y que nunca deberían tener lugar. Aquí hay depredadores tan acostumbrados a la impunidad que se creen con derecho hasta a reclamarla. Es el sumun. Y la Fiscalía sin mover un folio.
En Benirràs, la pandilla que ha convertido esa playa en otro lugar insufrible se declara en huelga porque resulta que también quiere sacar dinero de la ocupación ilegal de uno de nuestros espacios. Ahora resulta que hasta los hippies en manada se cansan de martirizar a la luna llena sin sacar pasta de ello. Han dejado de tocar porque aseguran que los restaurantes de la zona se benefician de la cantidad de peña que se concentra para las tamboradas y que, sin embargo, nadie les paga royalties por el mogollón. Y supongo que lo que piden es dinero negro, claro, porque no sé cómo ni en qué concepto podría pagarse su insoportable ocupación ilegal de un espacio de todos; lo que afirman que ya les han pagado antes, cómo ha sido, por cierto, ¿en concepto de limosna? Lo que deberían hacer es callar y dar las gracias porque aún no los han echado como buenamente tocaba. Esto, en realidad, viene a ser una especie de impuesto revolucionario con rabieta incluida y mal disparado, porque la mayoría de los ibicencos pagaríamos para que se fueran con sus instrumentos a otra parte. A otra dimensión, a ser posible. Huelga de tambores. Gracias, Dios mío. Por favor, propietarios de los restaurantes, no les deis limosnas, no cedáis a este pizzo, a este ridículo chantaje, que muchos ibicencos volveremos a Benirràs si se van sus usurpadores. Prometido.
Otro ejemplo de las pataletas que les entran a algunos cuando conculcan su derecho a la impunidad nos lo ofreció el presidente de la patronal del ocio nocturno de Balears cuando, el año pasado, criticaba que la Agencia Tributaria se dedicara a investigar si varias discotecas estaban cometiendo fraude fiscal. ¿Os acordáis? Quizás no lo vistéis, pero venía a decir el hombre que cómo se atrevían los agentes de Hacienda a entrar a fisgonear por los despachos de las discotecas en plena temporada alta. ¿En serio debemos permitir que sea a los agentes que intentan acabar con la impunidad, que hacen su trabajo, a los que se ponga en tela de juicio? Y, esas salidas en medios de comunicación, ¿no serán intentos de presionar o de asustar a las administraciones? ¿Son sólo pataletas de malcriados o son algo más?
Y todo esto viene a ser, salvando las distancias, por supuesto, que no sé si deben ser tantas, como si un camello de sa Penya se quejara de que los policías vigilan demasiado la esquina en la que suele hacer negocios. Imaginaos a ese vendedor de droga llamando a los periódicos para declarar públicamente un ‘joer, si es que no me dejan trabajar tranquilo. Así me van a hundir el negocio… y mis empleados, que los tengo, se irán a la calle, que yo doy trabajo, señores, que de mí viven muchas familias’. La contaminación acústica, a decir verdad, es tan delito en el Código Penal como lo es el tráfico de heroína. Que a nadie se le olvide que la limitación del ruido no es sólo cuestión que incumba a las ordenanzas municipales, que está por encima de los ayuntamientos aunque en Sant Josep y en Sant Antoni a menudo parezca que no lo saben.
Los síntomas de la degradación de Eivissa son muchos y diversos, pero hay unos cuantos en concreto que revelan que estamos ante una situación en la que podemos decir que hay mafias beneficiándose del entramado de intereses y consecuencias que dan lugar a delitos, infracciones, falta de respeto y destrucción de nuestro territorio en general. Y este modo soberbio de alzar la voz reclamando un derecho a depredar, a incumplir las leyes, a hacer las normativas a su medida y a no ser investigado en verano es un síntoma y una prueba del grado que hemos alcanzado; o al que nos hemos rebajado, más bien, porque esto es un descenso a los infiernos que ni el de Dante y Virgilio. Y mafia no es un término que se atribuya alegremente, la degradación se convierte en mafia en una comunidad cuando las organizaciones adquieren poder ante los gobernantes por años de permisividad negligente o de corrupción. Y las dos cosas no son excluyentes.

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Acerca de territoriocat

Cristina Amanda Tur (CAT). Licenciada en Ciencias de la Información y diplomada en Criminología Superior. Compagino periodismo y criminología con la novela policíaca. En periodismo, he pasado de la sección de sucesos (sin abandonarla completamente) a realizar un periodismo divulgaltivo, de temas científicos y sobre el patrimonio natural, histórico, arqueológico y cultural de las islas, con especial atención a la divulgación del patrimonio marino. Éste es un trabajo que realizo a menudo con la colaboración del fotógrafo Joan Costa, con quien, en abril de 2017, he publicado el libro '101 flores de Ibiza y Formentera'. He publicado una decena de libros. Entre ellos 'El hombre de paja. El crimen de Benimussa', dedicado al cuádruple asesinato que tuvo lugar en Ibiza en 1989, en un ajuste de cuentas del cartel de Medellín.
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