Una juez de Ibiza deniega escuchas telefónicas en delitos penados con menos de 5 años de cárcel

DSC_0344Guardias civiles y policías saben que no es lo mismo trabajar con un juzgado que con otro y que cada juez tiene sus costumbres y sus reglas, su forma de trabajar, lo que se traduce en que puede aplicar criterios distintos a los de sus compañeros para decidir si hay fundamento para una entrada y registro, si lo hay para autorizar una intervención telefónica o para decretar prisión para un acusado. De hecho, conocer las tendencias y estilo de cada juez forma parte de una estrategia de investigación que todos confiesan tener en cuenta y que determina que tradicionalmente se intente contar con un juez concreto o evitar que un caso determinado caiga en manos de otro.

Ahora, lo que representa un nuevo escollo en las investigaciones policiales, la juez del juzgado de instrucción 1, María Luisa Bustillo, está aplicando el criterio de un caso del Tribunal de Estrasburgo, de 1984 y conocido como el caso Malone, para denegar a los agentes las escuchas telefónicas en todos los delitos con penas inferiores a cinco años de cárcel. Ello implica que delitos como los robos con fuerza en viviendas no pueden investigarse con el uso de esta técnica. Y, de hecho, es en el caso de este tipo de saqueos en domicilios donde los intereses de la investigación han chocado hasta el momento con los criterios de la juez del 1.

La juez reconoce que no todos sus compañeros están de acuerdo con la aplicación de este criterio restrictivo, pero destaca que hay mucha jurisprudencia al respecto.

La legislación no especifica una lista de delitos concretos por los que se puedan adoptar medidas que afecten a los derechos fundamentales, como es el caso de las intervenciones en las comunicaciones, así que debe ser el juez el que valore caso por caso cuando Policía o Guardia Civil se lo soliciten. Y, en este sentido, es cierto que existe diversa jurisprudencia, tanto de los tribunales europeos como de los internos, que señala que sólo debe adoptarse en delitos graves, es decir, con más de cinco años de condena.

El caso Malone es, de hecho, una de las sentencias más conocidas a este respecto. Dictada por el pleno del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, el 2 de agosto de 1984, dirimió el caso de un vendedor de antigüedades llamado James Malone contra Reino Unido. Malone consideraba ilegales las escuchas telefónicas que se habían realizado cuando estaba siendo investigado por receptación de objetos robados, delito del que finalmente fue absuelto por considerarse que las pruebas no eran suficientes.

El TEDH llegó a la conclusión de que “la ley que concede una facultad discrecional debe fijar su alcance” y que, por tanto, los ordenamientos de cada país deberían determinar los casos en los que pueden efectuarse las intervenciones y hacerlo sólo en el caso de delitos graves, aunque no define cuáles deben ser estos. El problema en cuestión se reduce a la necesidad de buscar un equilibrio entre la defensa de la sociedad y el respeto, con las mínimas injerencias, de los derechos individuales.

Sin embargo, teniendo en cuenta que la proporcionalidad de la medida también es interpretable, hay jueces que consideran que la gravedad de los hechos que se investigan no puede valorarse sólo en función de la condena establecida para el delito. Por ejemplo, en el caso de los robos en viviendas, pueden darse circunstancias que hagan que se cree cierta alarma social que debe tenerse en cuenta, como la posibilidad de que se trate de bandas organizadas, lo que hace previsible pensar que no se trata de hechos aislados y que los robos se sucederán. En estos casos, prevenir nuevos delitos de bandas organizadas representa, para algunos jueces, un criterio que puede decantar la balanza hacia la proporcionalidad de la intervención de los teléfonos de los sospechosos. A pesar de que el secreto de las comunicaciones sea un derecho fundamental.

La Fiscalía también se ha pronunciado al respecto, y en una circular de enero de 2013, de 146 folios y dedicada por completo a las intervenciones telefónicas, alude a la jurisprudencia del Tribunal Supremo para determinar que parece claro que la medida debe aplicarse “cuando lo que se persiga sea un delito grave”. Sin embargo, en contra del criterio estricto de la juez del 1, añade que “no sólo ha de tenerse en cuenta la gravedad de la pena, sino también su trascendencia y repercusión social”, una norma que, además, también puede extraerse de sentencias del Supremo. Incluso se han autorizado y avalado escuchas telefónicas en delitos contra la propiedad intelectual y en blanqueo de dinero, que son considerados delitos menos graves, y en delitos cometidos por los funcionarios y cargos públicos, independientemente de la penalidad. La Fiscalía recomienda tener “especialmente en cuenta el dato de que se investiguen organizaciones criminales”.

OPERACIONES TUMBADAS POR LOS PINCHAZOS

Los pinchazos telefónicos son hoy una herramienta imprescindible en la investigación criminal y prácticamente no hay caso de delincuencia organizada que no incluya solicitudes de intervenciones al juzgado instructor. En 2010, en la operación contra el tráfico de cocaína colombiana en Formentera, el grupo antidroga (EDOA) de la Guardia Civil llegó a tener hasta 40 líneas telefónicas pinchadas. Es también uno de los sistemas de investigación más polémicos y que más enfrentamientos provocan entre abogados defensores e investigadores, precisamente por el carácter de derecho fundamental que tiene el secreto de las comunicaciones y el amplio margen que tiene la interpretación de las normas aplicables. En el último año, los agentes de las islas han visto caer importantes operaciones antidroga por una interpretación restrictiva de los criterios necesarios para intervenir teléfonos y los fundamentos empleados por los jueces instructores. Ha ocurrido con la Operación Dragone, llevada a cabo por el EDOA contra la Camorra en Ibiza, con la Operación Kabul, realizada en Palma contra el clan de ‘la Paca’ y sus compinches y también fueron absueltos, al anularse las escuchas, los siete acusados de importar cocaína de Ecuador y Perú y a los que se decomisaron 23 kilos de cocaína y los nueve imputados que trasladaban droga a la isla desde Barcelona y a los que se intervinieron 35 kilos de cocaína.

(En la fotografía, uno de los registrados realizados durante la Operación Dragone)

Noticia publicada en Diario de Ibiza, 19 de abril de 2014

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Acerca de territoriocat

Cristina Amanda Tur (CAT). Licenciada en Ciencias de la Información y diplomada en Criminología Superior. Compagino periodismo y criminología con la novela policíaca. En periodismo, he pasado de la sección de sucesos (sin abandonarla completamente) a realizar un periodismo divulgaltivo, de temas científicos y sobre el patrimonio natural, histórico, arqueológico y cultural de las islas, con especial atención a la divulgación del patrimonio marino. Éste es un trabajo que realizo, principalmente, con la colaboración del fotógrafo Joan Costa, con quien, en abril de 2017, he publicado el libro '101 flores de Ibiza y Formentera'. He publicado una decena de libros. Entre ellos 'El hombre de paja. El crimen de Benimussa', dedicado al cuádruple asesinato que tuvo lugar en Ibiza en 1989, en un ajuste de cuentas del cartel de Medellín.
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