Sant Antoni y la Policía Local

DSC_0044pequeDe la misma manera que los abogados tienen casi por norma pedir en los tribunales la anulación de los pinchazos telefónicos que sustenten operaciones policiales, por si cuela, los políticos usan con denuedo la estrategia de matar al mensajero; es decir, si los periodistas incordian, hay que desprestigiarlos.
Y, concretemos, en el caso del policía local de Sant Antoni detenido dos veces por casos relacionados con la droga, el objetivo de la estrategia es, básicamente, desviar la atención de esa investigación y de sus implicaciones, de si las actividades en las que se implica al policía local en cuestión son ciertas, algo que al parecer queda pospuesto mientras el caso “esté siendo investigado por el juzgado”, en palabras firmadas por el concejal de Gobernación y el jefe de la Policía Local. Qué fácil es eso de no asumir responsabilidades porque el tema está en los juzgados, la misma estrategia que usan los políticos para no dimitir, por cierto, y, sin embargo, hay implicaciones para las que no se tendrían que esperar resoluciones judiciales. Ya no vamos a entrar en las diligencias, en las grabaciones telefónicas y en las pruebas aportadas sobre supuestas palizas a ‘camellos’ para robarles la droga ni sobre posibles amenazas, sino en la relación del agente con un prostíbulo y su confesión de que compraba droga a una red investigada por la Policía Judicial de la Guardia Civil. El deber de la jefatura de la Policía Local es interesarse por conocer si los negocios del policía existen, no esperar a ver qué dice un juez, porque de esta pequeña parte en concreto, la Justicia tiene que decir ya poco, más allá de citarlo a declarar cuando haya juicio contra los traficantes. Consumir drogas y comprarlas a traficantes -¿a quién si no?- no es delito, no es cuestión judicial, pero un policía no puede hacerlo.
Xicu Cardona y Javier Verdugo lo dicen en su propia explicación, “los Policías tienen la obligación de denunciar conductas delictivas de civiles y de sus propios compañeros”. Y, entonces, ¿si un policía declara que es consumidor de droga y que la compraba a una red desarticulada por la Guardia Civil y de la que nunca dijo nada, no podemos concluir que conocía de la comisión de un delito y que no lo denunció?
¿Es verdad que ese policía ganaba dinero de la prostitución? ¿Le ha preocupado al Ayuntamiento saber si eso es cierto? ¿Sabía la jefatura de la Policía Local sobre los negocios de este agente? A esas preguntas no me dan respuesta alguna. Sólo el recurso fácil a que el tema está en los juzgados, gran mantra político. No ser capaz de depurar responsabilidades ni de indagar las supuestas actividades poco policiales de un agente en concreto no es defender el Cuerpo, sino envilecerlo. Pretende el Ayuntamiento que toda la plantilla se sienta aludida por una información muy concreta, y quizás no lo saben, pero los policías íntegros ni se sienten aludidos ni temen a lo que escriben los periodistas ni a las investigaciones de la Guardia Civil.
Resulta curioso que el concejal mantenga ahora que el policía estuvo los seis meses reglamentarios de baja. Estupendo, ¿y por qué no lo dijo cuando pregunté por la situación del agente? Pretender que la información no se contrastó porque él no dijo lo que tenía que decir es perverso. Y todo lo demás que aparece en la noticia es información de un procedimiento judicial, con escuchas telefónicas incluidas, de unas diligencias a las que, al parecer, yo he tenido acceso y el Ayuntamiento de Sant Antoni, no. Con lo cual, ¿quién hace “novela policiaca”? ¿Insinúa el Ayuntamiento que la investigación de la Policía Judicial es ficción pero ni siquiera la conoce? El policía no quedó en libertad más que físicamente, porque la Guardia Civil, por deferencia y porque era alguien localizable, quiso evitarle los calabozos, pero eso no significa lo que el Ayuntamiento, quizás por desconocer como trabajan los investigadores, quiere entender. No quedó en libertad sin más, la Guardia Civil presentó sus ampliatorias con acusaciones de robo con violencia y amenazas y ahí están, porque, judicialmente, el caso no ha avanzado todo lo que sería deseable.
Entiendo y sé que, en cualquier Cuerpo, no es fácil tomar medidas contra un agente mientras un caso está en la Justicia, pero eso no impide preocuparse por los hechos, muy graves, y adoptar unas medidas que no soy yo quien debe decir cuáles deben ser. Hasta la Guardia Civil ha conseguido en más de una ocasión separar los procedimientos judiciales de las cuestiones no delictivas pero moralmente inaceptables para un agente y se ha librado de guardias que relacionados con asuntos turbios sin necesitar a la lenta Justicia para ello. No debe ser tan difícil hacer limpieza si uno tiene voluntad de hacerla. ¿Debemos entender, por tanto, que el ayuntamiento de Sant Antoni considera que sus policías locales no deben asumir las mismas cotas de credibilidad y honestidad que el resto de las fuerzas policiales?

(publicado en Diario de Ibiza el 2 de abril de 2013)

Enlace a la noticia sobre el policía local acusado

https://territoriocat.wordpress.com/2013/03/25/un-policia-de-sant-antoni-acusado-de-golpear-y-robar-cocaina-a-camellos/

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Acerca de territoriocat

Cristina Amanda Tur (CAT). Licenciada en Ciencias de la Información y diplomada en Criminología Superior. Compagino periodismo y criminología con la novela policíaca. En periodismo, he pasado de la sección de sucesos (sin abandonarla completamente) a realizar un periodismo divulgaltivo, de temas científicos y sobre el patrimonio natural, histórico, arqueológico y cultural de las islas, con especial atención a la divulgación del patrimonio marino. Éste es un trabajo que realizo, principalmente, con la colaboración del fotógrafo Joan Costa, con quien, en abril de 2017, he publicado el libro '101 flores de Ibiza y Formentera'. He publicado una decena de libros. Entre ellos 'El hombre de paja. El crimen de Benimussa', dedicado al cuádruple asesinato que tuvo lugar en Ibiza en 1989, en un ajuste de cuentas del cartel de Medellín.
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