Policías locales haciendo el trabajo de la Policía Judicial

Cristina Amanda Tur (CAT).- No entra dentro de sus cometidos habituales y no se habían dado casos hasta ahora, pero los policías locales de Sant Antoni (Ibiza) han realizado ya cuatro registros de viviendas tras detenciones rutinarias, todas ellas por tráfico de drogas, excepto una por un delito contra la propiedad. Y aunque los juzgados de instrucción -y juzgados diferentes, además- autorizaron esas órdenes de entrada y registro, investigadores de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía afirman que los agentes locales incumplen la ley, excediéndose en sus competencias, y que hacerlo puede conllevar consecuencias; al no tener acceso a las bases de datos con las que trabajan la Policía Judicial y otras áreas de investigación, los locales no tienen posibilidad de saber si la persona a la que detienen está ya siendo investigada por algún grupo, por lo que el inicio de una investigación con entrada y registro podría poner en peligro una operación abierta. “Los policías locales -afirma uno de estos agentes- no pueden investigar por su cuenta. Tienen otras funciones”.

De hecho, se ha dado ya al menos un caso en el que la actuación de la Policía Local de Sant Antoni pudo poner en una situación comprometida el trabajo de otro equipo, al detener por hurto a un marroquí que estaba siendo investigado por el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (el CICO es el organismo que coordina las investigaciones de Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y Vigilancia Aduanera y al que están obligados a dar cuenta de las personas que son investigadas). Si, además, en ese caso, la Policía Local, que no rinde cuentas al CICO, hubiera decidido probar suerte y solicitar una orden de registro para la casa del arrestado, “una investigación de meses podría haberse visto truncada”.

En condiciones normales y como se ha hecho siempre, la Policía Local debe entregar a sus detenidos a la Guardia Civil o al Cuerpo Nacional de Policía (según el municipio) y deben ser los agentes de las Fuerzas de Seguridad estatales los que deciden si con ese arresto debe iniciarse una investigación, y los que comprueban si ya hay una investigación en marcha y si el detenido está buscado por otro delito. Y son también los que ponen a disposición judicial a los detenidos. Sin embargo, la Policía Local de Sant Antoni ha decidido actuar por su cuenta. “Eran casos muy sencillos, una continuación de nuestras propias actuaciones, y decidimos probar suerte y solicitar esas autorizaciones”, ha explicado Javier Verdugo, inspector jefe del equipo, que añade que los únicos cuatro casos registrados por el momento son del año pasado, y que destaca que los jueces consideraron adecuado conceder esos mandamientos.

La misma Policía Local de Sant Antoni decidió también investigar la denuncia por supuestos abusos sexuales contra el director de Can Bonet y párroco de Sant Josep, en abril de 2011, aprovechando que la primera denuncia se había presentado en el retén de la Policía Municipal y no ante la Guardia Civil. Los agentes del instituto armado entraron en el caso después de que el denunciado se entregara en el cuartel y cuando ya la Policía Local había hablado con algunos alumnos del colegio Can Bonet, pero de manera informal y sin las garantías que una declaración hubiera supuesto tanto para la investigación como para los interrogados.

En el municipio de Vila hay un solo antecedente, de hace muchos años pero que los agentes aún recuerdan porque el juez del juzgado número 1, Juan Carlos Torres, redactó hasta ocho folios para justificar que se concediera una orden de entrada y registro a una policía local. Se trató de un caso en el que los agentes averiguaron la vivienda de la que procedían unos disparos efectuados desde una ventana, en la calle Isidoro Macabich, y solicitaron una orden de entrada para buscar la escopeta de balines con las que un chico de 14 años había estado disparando a la calle. “El resultado fue positivo, no se han pedido más órdenes y en ese caso estaba justificado completamente”, señala un agente de la Policía Local de Eivissa.

Lo cierto es que las policías locales llevan años luchando para obtener mayores competencias, y en el año 2007 lograron que el Ministerio de Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias firmaran un convenio por el que los grupos de agentes municipales adquirían ciertas competencias propias de la investigación, pero siempre relativas a delitos y faltas con una entidad menor que el tráfico de drogas, el robo con fuerza o el homicidio. Así, se permite a los agentes locales intervenir en casos de lesiones, hurtos, actuaciones contra la propiedad intelectual o industrial, amenazas, omisiones del deber de socorro y violencia familiar, que suelen requerir menos esfuerzos, menos tiempo en las pesquisas y no necesitan investigaciones que traspasen las fronteras de los municipios en los que tienen competencia los equipos de Policía Municipal. Asuntos por los que, por tanto, difícilmente se autorizarían registros de viviendas o intervenciones telefónicas, herramientas de la investigación policial que afectan a derechos fundamentales.

De esta forma, y si se considera, tal y como lo hacen Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, que una entrada y registro en un domicilio es ya parte de una investigación, los agentes de Sant Antoni estarían vulnerando la ley al excederse en sus competencias. Y en este punto ya hay una segunda cuestión que debe tenerse en cuenta y a la que apuntan agentes de los grupos de Policía Judicial, y es que “un abogado espabilado puede echar atrás los resultados de unas investigaciones de este tipo llevadas a cabo por agentes de la Policía Local que no tienen potestad para hacerlas”.

“Estas intromisiones de la Policía Local -añade un agente de la Guardia Civil- responden más a razones políticas, decisiones de cara al público, que a una cuestión de utilidad policial o al interés de los policías locales en realizar investigaciones, pero deben conocerse cuales son las consecuencias”.

http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2012/05/02/policia-sant-antoni-efectua-labores-investigacion-asignadas-guardia-civil/552179.html

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Acerca de territoriocat

Cristina Amanda Tur (CAT). Licenciada en Ciencias de la Información y diplomada en Criminología Superior. Compagino periodismo y criminología con la novela policíaca. En periodismo, he pasado de la sección de sucesos (sin abandonarla completamente) a realizar un periodismo divulgaltivo, de temas científicos y sobre el patrimonio natural, histórico, arqueológico y cultural de las islas, con especial atención a la divulgación del patrimonio marino. Éste es un trabajo que realizo, principalmente, con la colaboración del fotógrafo Joan Costa, con quien, en abril de 2017, he publicado el libro '101 flores de Ibiza y Formentera'. He publicado una decena de libros. Entre ellos 'El hombre de paja. El crimen de Benimussa', dedicado al cuádruple asesinato que tuvo lugar en Ibiza en 1989, en un ajuste de cuentas del cartel de Medellín.
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