Bandas africanas se especializan en la venta de tarjetas prepago a narcotraficantes

Cristina Amanda Tur.- “Se ha creado un submundo de tráfico de tarjetas prepago de teléfonos; es decir, el delincuente compra las tarjetas a otros que se dedican especialmente a eso y que muchas veces son senegaleses o del África subsahariana, a los que no podrás encontrar y que tampoco te va a servir de nada hacerlo”. Lo explica un agente de la Guardia Civil, que concreta que es habitual que en las investigaciones por tráfico de drogas en las que los sospechosos son españoles o colombianos acaben apareciendo nombres senegaleses o nigerianos cuando se solicita a la empresa de telefonía que identifique a los usuarios de esas tarjetas.

Además de la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía también ha detectado este fenómeno en las investigaciones por narcotráfico, y sus agentes también hacen referencia a nombres nigerianos, incluso pakistaníes y camboyanos, detrás de las tarjetas que usan los traficantes y cuyas conversaciones son intervenidas. “Encontrarte con un nombre senegalés detrás del teléfono que usa un traficante español me sirve como un indicio más, para señalarle al juez lo sospechoso que es que una persona use un teléfono que ha comprado un africano, pero para nada más”, explica un agente de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía.

En las últimas investigaciones llevadas a cabo en las islas se ha detectado esta actividad delictiva. En una investigación por drogas iniciada el año pasado y que se está prolongando en este 2012, dos teléfonos usados por sospechosos españoles han resultado estar a nombre de ciudadanos que podrían ser nigerianos, y uno de esos nombres conducía a un domicilio de Sant Antoni.

Un agente del Grupo de Respuesta Especial al Crimen Organizado (GRECO) asegura que ocurre en todos los lugares del país. De hecho, la Policía ha llegado a informar al Ministerio de Interior de la ineficacia de la ley y del hecho de que las compañías de telefonía venden grandes cantidades de tarjetas prepago a los locutorios sin llevar ningún control y que, desde los locutorios, se venden sin adoptar las medidas que exige la ley o sin comprobar identidades ni anotar los datos necesarios de los compradores de tarjetas (nombre, apellido y dirección deben quedar anotados en un libro-registro). La Policía incluso ha intentado acusar a varios locutorios, “al menos por cooperación necesaria para que los traficantes puedan llevar a cabo sus delitos”, sin conseguir que la Fiscalía secundara la iniciativa para acabar con esta impunidad. Estos locutorios, aseguran los agentes, incluso venden las SIM telefónicas con los datos falsos incluidos en el precio.

“Igual que con la ley de blanqueo de capitales, los bancos tienen que informar de movimientos grandes de dinero, las empresas de teléfonos deberían informar de ventas de 500 tarjetas a una misma persona, porque es sospechoso”, señala el agente de la Guardia Civil.

En 2007, al menos teóricamente y con varios plazos para adaptarse que se prolongaron dos años, las tarjetas prepago dejaron de ser anónimas para evitar que los delincuentes las emplearan para sus fines y facilitar las investigaciones policiales. Hay que recordar que, además de ser las preferidas de los traficantes de droga, con tarjetas prepago anónimas se activaron las bombas de los atentados del 11-M. en 2004. La ley obligó a las empresas de telefonía a guardar registros de los compradores de estas tarjetas por si los agentes pudieran necesitarlas, pero “esto no sirve de nada si con identificarse con cualquier documento que incluso puede ser falso cualquiera puede comprar por ejemplo 500 tarjetas para después revenderlas”. Esas compras excesivas, y sospechosas, no son comunicadas a las autoridades. Y, además, añade este agente, “las compañías pueden tardar cinco meses en facilitar los datos que se les piden, por lo que es posible que luego no sirvan para nada”.

La ley, que en 2009 originó una intensa campaña del Ministerio de Interior, en aquellos momentos dirigido por Rubalcaba, para recordar a los usarios de todas las tarjetas prepago adquiridas antes de noviembre de 2007 que debían darse a conocer, llegó con cierta polémica, ya que algunos sectores consideraban que identificar a estos usuarios no garantizaba la protección de datos y era una intromisión del Estado en las libertades individuales. Sin embargo, desde el Ministerio se consideró que era necesario dar facilidades a los agentes que luchan contra las redes del crimen organizado y ponérselo más difícil a los delincuentes. De hecho, debido a la polémica y a las reticencias de las compañías telefónicas, la ley tardó casi dos años en ser realidad desde que se anunció. Y tuvo que ampliarse tres veces el plazo dado a las compañías para que se adaptaran, de modo que en octubre de 2007 se aprobaba el proyecto de ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones y en agosto de 2009 aún se daba un nuevo plazo de tres meses a las telefónicas para que identificaran a sus clientes. Sin embargo ahora, aseguran los agentes, no se les está reclamando que “colaboren para evitar las trampas”.

Hay que tener en cuenta que la intervención de los teléfonos de los sospechosos es una de las herramientas más empleadas por los agentes destinados a la investigación del crimen organizado, por lo que llegar a identificar a los usuarios de los números de teléfono es sumamente importante para poder aportar pruebas ante la Justicia. Anualmente, se intervienen en España alrededor de 50.000 teléfonos, casi todos en investigaciones de droga. Y en Eivissa, por ejemplo, el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil en una de sus investigaciones puede llegar a tener hasta una veintena de teléfonos pinchados a un mismo tiempo.

http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2012/02/20/bandas-africanas-dedican-vender-tarjetas-prepago-telefonos-redes-narcos/538467.html

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Acerca de territoriocat

Cristina Amanda Tur (CAT). Licenciada en Ciencias de la Información y diplomada en Criminología Superior. Compagino periodismo y criminología con la novela policíaca. En 2014 se publicó 'El hombre de paja. El crimen de Benimussa', un libro dedicado al cuádruple asesinato que tuvo lugar en Ibiza en 1989, en un ajuste de cuentas del cartel de Medellín. Y en 2016 se edita el libro 'Sa Penya blues. El crimen del minusválido', en el que el asesinato de un paralítico sirve de pretexto para adentrarse en el submundo de las drogas en el barrio de sa Penya.
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