El carnicero marroquí y el negocio de los documentos falsos

 Cristina Amanda Tur (CAT).- El caso empezó a investigarse en 2008, las diligencias previas son del año 2009 y hoy -después de que, en el mes de junio, un tercer fiscal se hiciera cargo del caso- la Fiscalía de Eivissa suma ya 26 imputados en la trama de compraventa de certificados falsos con los que más de 300 magrebíes podrían haber demostrado tres años de permanencia en territorio español y haber obtenido así, automáticamente y a través del arraigo social, el permiso de residencia, según las estimaciones de la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF).

El principal imputado de la trama es Ahmed El A., de origen magrebí pero de nacionalidad española que, en la carnicería que regentaba en ses Figueretes, había montado -siempre según la acusación que pesa sobre él- una oficina de expedición de certificados de empadronamiento, de centros de organismos educativos, contratos de trabajo y certificados del Consorcio de Transportes de Madrid con los que sus compatriotas podían demostrar que, antes de llegar a residir en Eivissa, lo habían hecho en municipios españoles como Los Molinos, El Escorial, Collado Villalba, Illescas, Guadarrama y Álcazar de San Juan y poder así solicitar la residencia en el país. Los compradores pagaban entre 1.500 y 3.000 euros por las falsificaciones. Y los agentes consideran que el delito puede haber continuado y sospechan que con nuevos ‘socios’, porque el principal acusado se encuentra en libertad tras pagar una fianza de 12.000 euros, y ello a pesar de que intentó evadirse de la acción de la Justicia y fue arrestado en Algeciras cuando el caso se destapó y él pretendía esconderse en Marruecos.

El resto de los imputados son aquellos magrebíes que, de los casos investigados, ha podido acreditarse que compraron documentos falsos para certificar que llevaban más tiempo en el país del que realmente portaban en él. Algunos de ellos son considerados por los agentes víctimas del principal acusado, atendiendo a sus escasos conocimientos de los procedimientos españoles para obtener los papeles de residencia, e incluso se planteaba la posibilidad de concederles la residencia legalmente a cambio de su colaboración con la Justicia, algo que no ha podido ser, en principio, por el tiempo que este caso lleva pendiente de resolución. La Fiscalía, además, ha optado por la imputación de los compradores al considerarlos también posibles culpables de un delito de falsedad en documentos oficiales y/o mercantiles por comprar esos certificados falsificados.

La complejidad de este caso, más allá de la recopilación de los documentos con los que probar los delitos, radica precisamente en la necesidad de contar con las declaraciones de testigos, las personas que compraron los documentos, que son asimismo imputados, y la posibilidad de que, a la hora de prestar declaración ante un tribunal, no reconozcan a Ahmed El A. como a la persona que se los vendió. “Prefiero una buena condena para el que vendía los documentos falsos que condenas para los otros implicados”, asegura un agente, que sabe que las testificales serán muy importantes en este caso y conoce por experiencia que testigos de asuntos de este cariz pueden negar ante el juez lo ya declarado si no se sienten protegidos y no obtienen algún beneficio. Lo cierto es que, de momento, esos imputados han reconocido haber comprado los papeles falsos al carnicero de ses Figueretes.

En estos momentos, para que el procedimiento pueda continuar y para solventar lagunas probatorias que podrían poner en riesgo la solidez del caso, el fiscal ha solicitado al juzgado instructor que se ponga en contacto con seis ayuntamientos de Madrid, Ciudad Real y Toledo para que certifiquen por escrito que los acusados no han residido en esos municipios. Asimismo, se solicita la comprobación de que alguno de los acusados no ha estado inscrito en algún curso de lengua y cultura españolas y que algún otro no es titular de la tarjeta de abono de transportes del consorcio Regional de Transportes de Madrid, ya que se tiene constancia de que también se vendían certificados falsos de cursos y abonos de transporte para intentar probar el tiempo que los inmigrantes llevaban residiendo en territorio español. También, en algún caso, se intentaba probar tal extremo presentando certificaciones de haber sido beneficiario de la asistencia de Cáritas Madrid, por lo que se ha solicitado a la ONG que certifiqué por escrito que esos implicados nunca estuvieron en sus instalaciones. Finalmente, las últimas comprobaciones son solicitadas a la dirección insular de la Administración General del Estado, donde, según confiesan los propios imputados, se presentaron documentos falsos que aún no constan en las diligencias y de los que el fiscal reclama los originales.

http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2011/09/20/26-imputados-trama-lograr-residencia-certificados-padron-falsos/508135.html

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Acerca de territoriocat

Cristina Amanda Tur (CAT). Licenciada en Ciencias de la Información y diplomada en Criminología Superior. Compagino periodismo y criminología con la novela policíaca. En periodismo, he pasado de la sección de sucesos (sin abandonarla completamente) a realizar un periodismo divulgaltivo, de temas científicos y sobre el patrimonio natural, histórico, arqueológico y cultural de las islas, con especial atención a la divulgación del patrimonio marino. Éste es un trabajo que realizo, principalmente, con la colaboración del fotógrafo Joan Costa, con quien, en abril de 2017, he publicado el libro '101 flores de Ibiza y Formentera'. He publicado una decena de libros. Entre ellos 'El hombre de paja. El crimen de Benimussa', dedicado al cuádruple asesinato que tuvo lugar en Ibiza en 1989, en un ajuste de cuentas del cartel de Medellín.
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