Los barcos de la droga

En la madrugada del 23 de septiembre de 2006, una patrullera de la Guardia Civil, con información de la DEA norteamericana, apresó en altamar un catamarán que transportaba más de 2.000 kilos de cocaína y que fue trasladado al puerto de Sant Antoni, en Ibiza. El catamarán, el ‘Tatibat’, valorado en más de 600.000 euros y que debería haber sido subastado y usado para financiar la lucha antidroga, sigue en el puerto cinco años después. Abandonado y roto, hoy ya no vale nada, porque la delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas ha dejado que se echara a perder en lugar de usarlo para financiar la lucha antidroga.

Esta es la verdad de cómo funciona la denominada ley del fondo y de cómo se tira el dinero, porque, como el ‘Tatibat’, muchos otros barcos decomisados han acabado igual en puertos de Galicia. Por ejemplo.

Las operaciones antidroga no son sólo importantes por la cantidad de sustancia intervenida, aunque ese suela ser el parámetro usado por los medios de comunicación. Lo son también por las redes desmanteladas, los traficantes encarcelados y la lista de bienes y dinero intervenidos a las mafias. Todas las grandes operaciones van acompañadas de grandes decomisos más allá de la droga, empezando por los barcos que se usan para trasladar alijos y continuando por la intervención de cuentas millonarias en investigaciones paralelas por blanqueo de capitales. De ello podría colegirse que, en un país como España, la lucha contra el tráfico de drogas es capaz de autofinanciarse, teniendo en cuenta que se dispone de una ley, la del Fondo de Bienes Decomisados por Tráfico Ilegal de Drogas, pensada para gestionar estos decomisos más allá de la droga y que, por cierto, valió a España las felicitaciones de la comunidad internacional.

La realidad, sin embargo, es la que revelan casos como el del ‘Tatibat’, un catamarán de lujo de 15 metros de eslora cuyo precio superaba los 600.000 euros y que hoy ya no vale nada porque se ha echado perder en el puerto de Sant Antoni. El casco está roto por diversos lugares y, por uno de esos agujeros y con el forro destrozado, el agua ha impregnado el material del revestimiento interno de una de las dos piezas del casco, provocando que la embarcación quede escorada. Las ventanas están rotas, la vela mayor podrida y han desaparecido algunos de los instrumentos de navegación.

Precisamente para evitar que embarcaciones y otros vehículos como coches y motos se deterioren mientras se está a la espera de una sentencia, la denominada Ley del Fondo se modificó (un año después del decomiso del ‘Tatibat’) para permitir el empleo y subasta de los bienes incautados sin esperar juicio; si los acusados son absueltos, se le paga o devuelve el bien, sencillamente. Y esta es la fórmula que permite habitualmente a policías y guardias civiles disponer de coches decomisados para trabajar –en una forma de justicia poética– cuando no hay medios oficiales.

En el caso del ‘Tatibat’, además, sí existe ya una sentencia, de mayo de 2009 y ratificada por el Supremo hace ahora un año. Y en ella se especifica concretamente el decomiso de la embarcación, cuya documentación fue tramitada por la agencia Náutica Puerto Banús e inscrita en el registro de embarcaciones de Gran Bretaña. Pero el Gobierno no ha reparado en ella y hoy ya, sin valor, más fácil es que deshacerse de ella implique un gasto.

DIEZ AÑOS Y MEDIO DE CONDENA

“Varias personas de nacionalidad búlgara y croata se concertaron durante el verano de 2006 para transportar un cargameto de cocaína desde algún punto del Levante español hasta las costas de las Islas Baleares”. El catamarán ‘Tabitat’ se usó para el traslado, con el apoyo de una semirrígida con la que se alijaba en tierra y a la que, finalmente, sus tripulantes prendieron fuego al verse cercados por la Guardia Civil cerca de las Columbretes. El catamarán, con 2.112,443 kilos de cocaína, fue apresado 40 millas al norte de Eivissa y a 46 de Valencia. Así se recoge tanto en la sentencia de la Audiencia Nacional, de mayo de 2009, como en la ratificación del Supremo, el año pasado. Seis de los hombres detenidos fueron condenados y en dos de los casos las penas fueron de diez y diez años y medio de cárcel, y uno con dos multas de 112 millones de euros. En el caso de los cuatro restantes, la condena fue de nueve años y medio, con dos multas para cada uno que también se elevan a 112 millones.

Anuncios

Acerca de territoriocat

Cristina Amanda Tur (CAT). Licenciada en Ciencias de la Información y diplomada en Criminología Superior. Compagino periodismo y criminología con la novela policíaca. En periodismo, he pasado de la sección de sucesos (sin abandonarla completamente) a realizar un periodismo divulgaltivo, de temas científicos y sobre el patrimonio natural, histórico, arqueológico y cultural de las islas, con especial atención a la divulgación del patrimonio marino. Éste es un trabajo que realizo, principalmente, con la colaboración del fotógrafo Joan Costa, con quien, en abril de 2017, he publicado el libro '101 flores de Ibiza y Formentera'. He publicado una decena de libros. Entre ellos 'El hombre de paja. El crimen de Benimussa', dedicado al cuádruple asesinato que tuvo lugar en Ibiza en 1989, en un ajuste de cuentas del cartel de Medellín.
Esta entrada fue publicada en opinión y etiquetada , , , , , , , , , . Guarda el enlace permanente.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s